Los familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la muerte de sus seres queridos en un ataque militar en una embarcación en el Caribe. Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, murieron el 14 de octubre pasado cuando un misil estadounidense alcanzó su bote, según la demanda interpuesta.

La demanda por homicidio culposo y ejecución extrajudicial fue presentada el martes ante una corte federal en Massachusetts y es la primera acción legal de este tipo contra EEUU en relación con estos ataques marítimos. La demanda sostiene que los hombres eran civiles que regresaban desde Venezuela a su hogar en Las Cuevas, donde Joseph tenía esposa e hijos, y no mostraban vínculos con actividades del narcotráfico.

Para las familias, los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico no tienen justificación legal ni evidencia pública que respalde las acusaciones de narcotráfico, y describen los hechos como asesinatos premeditados e injustificados.

Los demandantes argumentan que estas acciones carecieron de autorización del Congreso y de procesos legales internacionales, y que la administración estadounidense tampoco presentó pruebas concluyentes sobre la supuesta participación de esas embarcaciones en el tráfico de drogas.

La denuncia fue presentada bajo dos figuras legales: la Ley de Muertes en Alta Mar (High Seas Act), que permite reclamar por muertes injustas en el mar, y el Estatuto sobre Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permite a extranjeros demandar ante tribunales de EEUU por violaciones de derechos.

Los familiares piden una indemnización que se determinará en juicio, así como que se evalúe la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos por las muertes de Joseph y Samaroo.

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La misiva se enmarca en una campaña militar estadounidense que ha llevado a cabo al menos 36 ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico desde septiembre de 2025, y que ha dejado más de 120 fallecidos en el Caribe y el Pacífico, según cifras oficiales del Comando Sur.

Organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) representan a las familias y sostienen que estos ataques podrían violar el derecho internacional al no haberse demostrado el peligro inminente que justificaría uso de fuerza letal.

La acción legal contra la administración busca, además de reparación económica, una revisión judicial que evalúe la legalidad de estos ataques, que han generado críticas y preocupaciones de derechos humanos en la región.

El gobierno de Aruba difundió recientemente un comunicado destacando que el bienestar de los adultos mayores es una prioridad nacional. Según la facción AVP, se han tomado medidas concretas para proteger la dignidad de estas personas, incluyendo la devolución de medicamentos y el aumento de las pensiones en 500 florines. Estas acciones, según el comunicado, buscan aliviar la presión financiera sobre los adultos mayores, especialmente en un contexto en el que el costo de la vida sigue aumentando a nivel mundial. La ministra Mervyn Wyatt-Rass participó en la reunión pública con la facción AVP, donde se enfatizó la importancia de un diálogo constante y constructivo entre el Gobierno, el Parlamento y las partes interesadas, con el objetivo de generar soluciones duraderas.

Según el comunicado, la facción AVP sostiene que las decisiones tomadas reflejan un gobierno que escucha al pueblo, y que la calidad de atención a los adultos mayores ha mejorado gradualmente gracias a inversiones significativas en programas de bienestar, cuidado y seguridad. Además, se indicó que el objetivo es que todos los adultos mayores puedan vivir con paz, respeto y seguridad, convirtiendo las políticas en acciones concretas en la vida diaria. Estas medidas han sido bien recibidas por la comunidad, considerando que muchos adultos mayores han contribuido de manera estructural a la sociedad durante años y ahora reciben respaldo tangible del Estado.

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Sin embargo, el parlamentario Eduard Pieters, del Partido Patriótico di Arubano (PPA), lanzó un llamado de alerta sobre los crecientes costos del cuidado de adultos mayores, que superaron los 100 millones de florines en 2025 y podrían triplicarse si no se toman medidas urgentes. Pieters destacó que más del 20% de la población actual son adultos mayores, y que para 2040 se estima que un cuarto de las personas en Aruba será adulta mayor, aumentando la presión sobre los sistemas de atención existentes. El parlamentario explicó que existen dos modelos de cuidado: el primero, cuidado en casa con apoyo profesional, que costó aproximadamente 20.000 florines por persona en 2025 para atender a 2.160 personas; y el segundo, cuidado institucional en geriátricos, que requirió 58,6 millones de florines para 166 personas, equivalentes a 88.000 florines por adulto mayor al año.

Pieters insistió en que el cuidado no puede recaer únicamente en el Gobierno, sino que debe ser una responsabilidad compartida con las familias. Por ello, el PPA propuso un plan nacional urgente que permita enfrentar el envejecimiento poblacional y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Durante una reunión pública en el Parlamento, el partido entregó preguntas a la ministra Wyatt-Rass para conocer los pasos concretos que se están tomando y la planificación futura ante el aumento de costos, subrayando que sin acción inmediata, la atención a los adultos mayores podría ser insostenible en los próximos años.

Según él, sin una estrategia integral y cooperación intersectorial, Aruba podría enfrentar un colapso del sistema de atención en menos de dos décadas, afectando directamente la calidad de vida de quienes más han contribuido al país. El parlamentario remarcó que la prevención y la planificación son urgentes, y que cada año de retraso aumentará la presión financiera sobre el Estado y los hogares arubeños.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervino directamente para atender la frustración de miles de fans de BTS que no lograron boletos. Durante su gira mundial, la banda surcoreana se presentará tres veces en Ciudad de México en mayo. Las entradas, puestas a la venta el fin de semana pasado, se agotaron en minutos, mostrando la intensidad del furor por la cultura surcoreana en el país. Esto incluye desde series de televisión hasta gastronomía, y la popularidad del grupo llevó a la mandataria a actuar.

Según Ticketmaster, más de 2,1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma, mientras la fila virtual superó 1,1 millones de personas intentando adquirir alguna de las 136.400 entradas disponibles. “Esta diferencia entre la cantidad de personas interesadas y los boletos disponibles explica que no se pudo satisfacer la totalidad de la demanda”, indicó la empresa. La K-popmania ya había llegado al gabinete mexicano: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, incluso publicó un video en TikTok saludando a Jin, integrante del grupo, tras un concierto en solitario.

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Ante la situación, Sheinbaum decidió llevar la cuestión a la diplomacia internacional. Durante su rueda de prensa diaria, señaló que “cerca de un millón de jóvenes intentaron comprar boletos” y que ante el revuelo en redes sociales, consultó con el canciller si podían enviar una carta al presidente surcoreano, Lee Jae Myung. En la misiva, pidió que BTS realice más presentaciones en México, lo cual busca atender la norma demanda y ofrecer nuevas oportunidades para los fans que quedaron fuera de la venta inicial.

La presidenta explicó que anteriormente ya había consultado a Ocesa, organizadora de los conciertos, sobre la posibilidad de más recitales, pero la respuesta fue negativa. Con este paso diplomático, Sheinbaum busca asegurar que México siga siendo un destino clave en la gira global de BTS, reflejando la intersección entre cultura, entretenimiento y política.

La demanda global de viajes está cambiando y Aruba no queda al margen. Un nuevo análisis de la firma de inteligencia turística Mabrian indica que, durante la primera mitad de 2026, Asia lidera la intención de viaje a nivel mundial, mientras que el Caribe, incluida Aruba,  registra una disminución en el interés de los viajeros internacionales.

El informe indica que Asia concentra el 31,7% de la demanda global, impulsada por destinos del Este y Sudeste Asiático como Japón, Vietnam, Indonesia y Filipinas. Estos mercados han ganado terreno gracias a una mayor oferta de experiencias, precios competitivos y una fuerte recuperación de conectividad aérea.

Mabrian advierte que la intención de viaje hacia el Caribe disminuyó de forma sostenida durante el primer trimestre de 2026, afectando a Aruba, República Dominicana, Jamaica, México Caribe, y el Caribe colombiano. La cuota de búsqueda internacional de vuelos hacia la región cayó de 9,1% a 7,6% interanual, reflejando una pérdida de interés en mercados emisores clave como Estados Unidos y Europa, de los cuales dependen la mayoría de los destinos caribeños, incluido Aruba.

Para Aruba, estos datos representan un desafío estratégico. La isla compite en un mercado global más exigente, donde los viajeros comparan destinos con mayor detalle y evalúan precio, seguridad, conectividad y experiencia.

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El informe también muestra que Europa y Norteamérica pierden participación relativa en la demanda global de viajes, lo que aumenta la competencia entre destinos tradicionales del Caribe por captar visitantes durante la temporada alta. En este contexto, la conectividad aérea, la promoción internacional y la diversificación de la oferta turística se vuelven elementos clave para sostener el flujo de visitantes hacia Aruba.

Aunque Asia domina la demanda en este inicio de 2026, Mabrian destaca que los destinos que logren adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias podrán recuperar interés en los próximos meses. Para Aruba, el reto será convertir este escenario global en una oportunidad para innovar, fortalecer su marca y mantener su relevancia en el mapa turístico internacional. Analistas del sector turístico global señalan que una menor intención de viaje implica que destinos altamente dependientes del turismo, como Aruba y otros países del Caribe, deberán observar de cerca estas tendencias para planificar estrategias de recuperación.

Fuente: Forbes / Revista Gran Hotel

El Gobierno de Ecuador anunció un aumento drástico en la tarifa por transportar petróleo colombiano por su oleoducto estatal, en plena tensión comercial bilateral creciente. El valor pasó de tres a treinta dólares por barril, lo que representa un incremento del 900% para Ecopetrol colombiana afectada directamente.

Esta decisión se produce mientras ambos países mantienen una guerra arancelaria que incluye gravámenes cruzados, restricciones comerciales y acusaciones sobre seguridad fronteriza mutua persistente regional. Quito aplicó un impuesto del 30% a las importaciones colombianas, al considerar insuficiente la lucha contra el narcotráfico fronterizo binacional permanente, según autoridades.

Bogotá respondió con medidas equivalentes, gravando una veintena de productos ecuatorianos y además suspendiendo el suministro de electricidad que Ecuador necesita actualmente urgente para estabilidad. La ministra Inés Manzano explicó que el cambio corresponde al uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, infraestructura estratégica de propiedad estatal clave nacional histórica energética.

Según datos oficiales, por este ducto circularon cerca de 10.300 barriles diarios de crudo colombiano durante el último noviembre registrado oficialmente por autoridades. El ajuste tarifario impacta directamente a Ecopetrol y a empresas privadas que utilizaban la red ecuatoriana como ruta de exportación hacia el Pacífico internacional estratégico.

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Manzano también adelantó que evaluaban nuevas tarifas para el Oleoducto de Crudos Pesados, aunque precisó que ese transporte responde a acuerdos privados vigentes específicos actualmente. El OCP posee capacidad de 450.000 barriles diarios, mientras el SOTE puede movilizar 360.000, según registros estatales técnicos históricos oficiales publicados.

La producción ecuatoriana total alcanzó aproximadamente 469.000 barriles por día en noviembre, de acuerdo con cifras del Banco Central. Desde 2013, cuando Colombia comenzó a utilizar el OCP, ese sistema ha trasladado 46 millones de barriles acumulados totales para exportación.

En este contexto, el gobierno de Daniel Noboa endurece su postura frente a Colombia, combinando aranceles, energía y petróleo como herramientas diplomáticas dentro del conflicto. Analistas advierten que el aumento del 900% en la tarifa del SOTE puede encarecer exportaciones colombianas, afectar cadenas regionales y profundizar la tensión económica bilateral.